El derecho administrativo, además de regular a la Administración Pública, su organización y funcionamiento, regula las relaciones jurídicas que se establecen entre la misma y los ciudadanos o administra-dos, en las cuales siempre está en juego el balance entre los poderes y prerrogativas de la misma y los derechos y garantías de éstos.
En ese contexto, el procedimiento administrativo es el vehículo o trama reguladora a través del cual la Administración manifiesta su voluntad, en nombre del interés general, y dicta actos administrativos que van a tener efectos en los ciudadanos o administrados; y es a la vez el medio a través del cual éstos pueden ejercer su derecho de petición frente a la Administración y a obtener oportuna respuesta.
Es obvia, por tanto, la importancia que tiene el procedimiento administrativo en el contexto de las actuaciones del Estado en sus relaciones con los ciudadanos o administrados, y eso es lo que explica que el signo más importante de la evolución del derecho administrativo durante las últimas décadas en todos los países, y en particular en América Latina, haya sido el proceso de su codificación del derecho administrativo a través de la sanción de leyes reguladoras del procedimiento administrativo. Esa es la razón por la cual, en la actualidad, casi todos los países de la región cuentan con leyes de esta naturaleza.
Con dichas leyes, puede decirse que en todos los países se le comenzó a dar un nuevo enfoque tanto a la Administración Pública, como a sus relaciones con los administrados, regulándose entonces el conjunto de situaciones jurídicas en las cuales se encuentran ambas partes, con precisiones sobre el conjunto de poderes, prerrogativas y obligaciones de la primera y los derechos y obligaciones de los particulares en sus relaciones con aquella.
